La Jornada
La
opinión mundial se preocupa, con razón, por la liberación de Ingrid
Betancourt, ex candidata a la presidencia de la república de
nacionalidad franco-colombiana, pero da poca atención al fenómeno
masivo de los desplazados forzados en Colombia. Sin embargo, después de
Sudán (Darfur) y de Somalia, Colombia es el país más afectado por esta
plaga, calificada por Naciones Unidas como crimen contra la humanidad.
Recientemente un tribunal internacional de opinión,
que he tenido el privilegio de presidir, tuvo lugar en el Congreso
colombiano, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del
Senado. Preparado por cinco sesiones regionales y una abundante
documentación, el trabajo del tribunal ha podido establecer el carácter
dramático y masivo de esta situación que afecta a uno de ocho
colombianos. Los testimonios provinieron en mayor parte del campo:
campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Si el conflicto
armado interno explica en parte estas situaciones, de lejos la causa
más frecuente es el proceso de concentración de tierras en manos de
grandes terratenientes y de empresas nacionales y trasnacionales, como
las mineras Anglogold Ashanti, las petroleras Repsol, BP y Petrocabada,
y las compañías palmeras para los agrocombustibles como Urapalma, pero
también la bananera Chiquita Brands. Eso se cumplió con la ayuda del
ejército, de los paramilitares y de las sociedades privadas de
seguridad (como en Irak).
La violencia del proceso es tremenda.
He podido verificarlo en el Chocó. A los campesinos que rechazaban
entregar sus tierras se les decía :“si se niegan, negociaremos con sus
viudas”, y muchas ejecuciones tuvieron lugar. Los miembros del tribunal
y el presidente de la asociación de desplazados fueron amenazados de
muerte por el grupo paramilitar Águilas Negras.
Según el
veredicto del tribunal, se trata de una crisis estructural. Desde
medianos de los 80, los narcotraficantes decidieron traer sus divisas
al país y lavarlas mediante la compra de grandes extensiones de las
mejores tierras. Los cárteles del narcotráfico junto con sectores de la
oligarquía, de la clase política y las fuerzas militares crearon una
nueva versión del paramilitarismo, bajo el pretexto de luchar contra la
insurgencia. De esa manera se fraguó una alianza mediante la cual los
paramilitares eliminaban a los miembros de los partidos políticos
izquierdistas de oposición (Unión Patriótica) y a los movimientos
cívicos que clamaban por mejores condiciones de vida. En cambio, el
establishment les permitía continuar sus actividades ilícitas, las
cuales a su vez financiaban el poder político. La apropiación ilícita
de tierras promovió no sólo una fuerte concentración inequitativa, sino
también una transformación del uso. Grandes extensiones aptas para
agricultura y bosques fueron dedicadas a la ganadería.
Los
desplazamientos tuvieron un nuevo incremento durante la primera mitad
de la década de los años 90 cuando entraron en auge las políticas
neoliberales que facilitaban el paso de las inversiones trasnacionales.
Grandes empresas requirieron un camino libre para avanzar en la
apropiación de tierras donde se localizarían megaproyectos de
inversión: agrícola, industrial, minero, portuario, turístico, vial. El
Plan Colombia de 1997, estrategia militar financiada por Estados Unidos
con el pretexto de contrarrestar el avance de las guerrillas, tenía en
realidad el fin de controlar el poder político y económico en
determinadas regiones del país. El número de desplazamientos aumentó.
Bombardeos indiscriminados, capturas masivas, criminalización de los
movimientos sociales, fuerte presencia militar en determinadas regiones
explican el incremento. Si en los últimos años las cifras disminuyeron
relativamente, es porque existen zonas despobladas disponibles e
inmensas extensiones de tierras ya desposeídas. Al mismo tiempo, el
gobierno colombiano está promoviendo una legislación que pretende
legalizar los despojos y dejar en la impunidad los crímenes cometidos
(Estatuto de Desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz, Ley de Tierras,
de Minas, de Petroleo, etcétera).
El veredicto del tribunal
acusó a tres grupos de actores: el gobierno colombiano por lo que
resulta ser una política de Estado, los terratenientes y las empresas
nacionales e internacionales involucradas en este modelo de
“crecimiento económico”, y los gobiernos extranjeros que directa o
indirectamente apoyan a Colombia: Estados Unidos por su ayuda económica
y militar, la Unión Europea por sus programas asistenciales de
cooperación y varios gobiernos que apoyan a sus empresas en el país,
como Canadá, Gran Bretaña, Suiza y Francia.
El presidente Uribe
presentó su solución en una reunión con miembros del Parlamento
Latinoamericano, el mismo día de la proclamación del veredicto del
tribunal y en el mismo Congreso. Los problemas serán resueltos caso por
caso, lo que individualiza una situación que es estructural y margina a
los movimientos sociales, y se tratará de un proceso administrativo y
no judicial, lo que implica la impunidad de los que verán sus nuevas
propiedades legalizadas por una serie de disposiciones.
Entonces,
sí, liberar a Ingrid Betancourt, y enseguida. Pero la comunidad
internacional tiene que preocuparse también de los otros 4 millones de
colombianos que no tienen nombre.
