El Caso de Teófilo Acuña y los Mineros del Sur de Bolívar

 Por Carlos Duarte[1]  06/06/07

 

La detención arbitraria de un hombre en Colombia no es noticia.

Tampoco es una novedad si dicho personaje es un líder social al 

cual se le acusa de “sindicalista”. Se trata de Teófilo Manuel Acuña, 

alias “teo” (según los informes de inteligencia del ejército). Si se 

tiene en cuenta que el proceso acusatorio en contra de este líder 

minero se sustenta en los grises testimonios de reinsertados que 

patrullan armados y en camuflado junto al ejército, cabe 

demandarse: ¿De que manera este escenario se ajusta a la “Política 

de Defensa y Seguridad Democrática”[2] y, hasta que punto 

corresponde con las últimas tácticas de control social para hacer 

frente a las “Amenazas Asimétricas”[3] que resisten al actual 

modelo de gobierno?

El objetivo de las líneas siguientes es analizar este evento en su 

doble significación: De una parte demostrar dentro del amplio 

espectro de procesos judiciales dirigidos a estigmatizar los 

procesos de movilización social, la anormalidad de este caso y su 

relevancia para el futuro de la riqueza minera del país. De otra 

parte, si tomamos el caso de Teófilo Acuña  como un ejemplo típico 

de la manera como se despliega operativamente la “Política de 

Seguridad Democrática” será necesario preguntarse si esta última 

mas allá, de un plan de lucha contrainsurgente,  corresponde con 

un horizonte más amplio e integral: una serie de estrategias de 

reingeniería social y de redistribución de los recursos nacionales 

acordes con los intereses del capital nacional y transnacional.

El Sur de Bolivar y las visiones encontradas del progreso 

Para comenzar es importante describir el territorio en el cual se desarrolla este enfrentamiento de fuerzas y resistencias. El espacio geográfico es el Sur de Bolívar, subregión inscrita en el Magdalena Medio.  Culturalmente es una formación híbrida alimentada por la expulsión sostenida de poblaciones campesinas provenientes de Santander, Tolima, Boyacá Antioquia y la Costa Atlántica, por el tráfico y las bonanzas ilícitas que se pierden en la memoria.  Es la expansión difusa y caótica del Caribe en el continente. Durante mucho tiempo tierra de nadie, territorio de refugiados y de filibusteros de agua dulce.  

A partir de la segunda mitad de los 80 esta región comienza a llamar la atención estatal por tres razones fundamentales: i) por su fortalecimiento organizativo expresado en las movilizaciones campesinas a todo lo largo de los años 90; ii) por su ubicación geoestratégica: cerca al complejo petrolero mas importante del país y, además, como corredor oriente-occidente de vital importancia en la geografía logística de la guerra; iii) y en los últimos años, por su potencial agro-minero. 

En este contexto y multitud de intereses no ha sido raro el enfrentamiento continuo entre dos visiones del progreso y el desarrollo:  

De un lado, la visión que ofrece el Estado y las multinacionales, en concordancia con el desarrollo neoliberal y la expansión del capitalismo globalizado. Desde este punto de vista, los campesinos no han sabido aprovechar las ventajas comparativas que ofrece su territorio. Luego, el atraso de la región se superaría en la medida que estos territorios se inserten plenamente en un modelo productivo volcado al exterior, fundamentalmente a través de los monocultivos de exportación (la palma africana) y la explotación intensiva del potencial minero (el oro). 

De otro lado, la visión de las expresiones organizativas campesinas se resume en una pregunta bastante sencilla: ¿Desarrollo para quién? En este sentido la Mesa Regional compuesta por campesinos y mineros de estos territorios propuso: “[…]construir un modelo de  Desarrollo Regional que busque defender la vida y establecer condiciones dignas para la misma ;  consideramos que un modelo de desarrollo no se mide únicamente por el crecimiento económico, ni por la inserción de la región en mercados regionales, nacionales e internacionales, sino por el nivel de disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la región”[4].  

 

Este es el trasfondo regional de las discusiones y es en dicho contexto donde debe ser ubicado el enfrentamiento sostenido entre los mineros artesanales organizados en la Federación de Mineros del Sur de Bolívar, el Ejército colombiano y las multinacionales mineras  

 

Los intereses mineros

 

Actualmente, y de acuerdo con el “Observatorio de las Multinacionales”[5] en Santa Rosa, Morales y San Martín de Loba, la sociedad Kedadha, solicitó licencia para explorar y explotar un área minera de 1'200.000 hectáreas, de las cuales el gobierno nacional ya entregó en concesión 37 mil. Vale la pena hacer un poco de memoria y recordar que ya en 1996 se registró el primer asalto entre los mineros y las empresas transnacionales[6]. Dicho pleito pareció -en un principio- resolverse a favor de los mineros, en la medida que se logró detener la aprobación de un nuevo Código de Minas que contenía varios artículos que abiertamente favorecían a esta multinacional[7]. Sin embargo el costo de dicha batalla fue alto para los mineros. Significo una ofensiva paramilitar sin precedentes en la región. El conflicto entonces se dirimió, en última instancia, más allá del la ley y la razón bajo el imperio de la sangre y el fuego[8]. Así que luego de la persecución y debilitamiento de los procesos organizativos locales, en 2001 sería aprobado el paquete principal del proyecto de Código de Minas presentado en 1998[9]. 

 

Es importante remarcar que este tormentoso conflicto de intereses entre campesinos, multinacionales y Estado, no es solamente cuestión que concierna al Sur de Bolívar. Los intereses abarcan un amplio espacio de territorio colombiano. “Las empresas transnacionales ANGLO GOLD ASHANTI –la segunda empresa minera más importante a nivel mundial- y su filial en Colombia, KEDAHDA S.A, han presentado solicitudes de contratos de concesión en 21 departamentos, para un total de 2114 solicitudes, siendo los departamento con mayor nivel de solicitudes en su orden: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas solicitudes en tan sólo los departamentos de Antioquia y Bolívar, superan los 2’300.000 hectáreas, cifra que en el país puede superar los cuatro millones de hectáreas, si se tiene en cuenta que estos dos departamentos representan tan solo el 32% de las solicitudes existentes”[10].

 

La militarización de lo civil como estrategia de seguridad democrática

La magnitud de intereses en juego nos permite comprender mejor la importancia de la lucha liderada por la Federación de Mineros del Sur de Bolívar, así como el alto costo que dicho proceso organizativo ha debido pagar. En este sentido los mineros han sufrido todo un prontuario de agresiones, asesinatos y desapariciones, que registran entre el 2006 y el 2007, “[…] más de cuarenta (40) nuevas agresiones, individuales y colectivas se han ejecutado por parte de personal del Ejército Nacional en contra de habitantes y líderes sociales del Sur de Bolívar, de ellas veintitrés (24) corresponden a detenciones arbitrarias, situación que ha generado para sus habitantes profundos niveles de inseguridad, dado lo arbitrario de estos procedimientos. A ello se suman las amenazas, hurtos, estigmatizaciones, agresiones físicas, registros ilegales de las residencias y citaciones de varios habitantes a la base militar ubicada en la vereda San Luquitas del corregimiento de San Pedro Frío”[11]. Al anterior listado es necesario adicionar la ejecución extrajudicial de Alejandro Uribe Chacón, “[…] líder social de la comunidad de Mina Gallo, quien fue presentado por el ejército como guerrillero dado de baja en combate”[12]. 

 

La mayoría de crímenes y ataques mencionados han sido atribuidos a las fuerzas paramilitares, las cuales según varias denuncias han actuado históricamente en complicidad, o bajo la actitud negligente de las fuerzas militares[13].  Sin embargo, al mismo tiempo que se adelanta el proceso  de negociación con los paramilitares y que se consolida en la región la estrategia de “Seguridad Democrática”, es posible advertir cómo las acciones directas de agresión hacia la población civil de parte de los paramilitares se limitan al control territorial, mientras que la agresión ha sido asumida por las mismas fuerzas armadas. En la actualidad, los mineros acusan al Ejercito Colombiano de “[…] practicar detenciones arbitrarias, patrullajes con desmovilizados quienes con el rostro cubierto señalan a los mineros de guerrilleros; incluso la Federación de Mineros atribuyen a la Novena Brigada del Ejército de promover un proceso organizativo paralelo –La Asociación de Parceleros- con el objetivo de diezmar aun más la Federación y construir un agente negociador afín con las propuestas de las multinacionales”[14].

 

De la Recuperación Clautzewiana al Control Jominiano

En este punto conviene devolverse y observar que una de las prioridades de la Política de Seguridad Democrática es desarrollar un “Proceso de recuperación del control estatal del territorio”[15]. Dicho proceso que según el ministerio de defensa se iniciaría en aquellas áreas definidas como estratégicas (Departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre) distingue tres fases: Recuperación, Mantenimiento del Control y Rehabilitación[16].  Cada una de estas fases guardan al  menos dos características en común: i) la utilización premeditada de la población y los recursos civiles como estrategias de guerra; y ii) el trabajo integrado y simultáneo de: la fuerza militar, las instancias de judicialización y los aparatos de inteligencia (incluidos los civiles).

 

De esta manera la presencia actual del Ejercito (Específicamente la 9ª Brigada) buscaría un doble propósito: i) asumir el control militar en la región ganado a través de las tácticas paramilitares, desplazando definitivamente la presencia histórica de las FARC y el ELN; y, ii) afianzar el control coercitivo sobre las organizaciones sociales asegurando el territorio para la ejecución de proyectos agroindustriales, forestales y de gran minería aurífera. Este último objetivo significaría el desplazamiento de cerca de 60.000 campesinos y mineros artesanales que se han convertido en una verdadera molestia a la hora de implementar el modelo desarrollista agenciado desde las multinacionales.

 

La implementación del anterior plan de control territorial que combina la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social con estrategias de guerra en lo convencional, es un segundo momento, luego de la implementación de los parámetros Clausewitzianos de la “guerra total” [17] en la pacificación de territorios económica y militarmente estratégicos. Sin embargo, conviene aclarar que este segundo momento se aleja conceptualmente de la visión Clausewitziana de la “guerra Total” y, más bien encuentra puntos de afinidad con los análisis  “jominianos”[18] de la proyección estratégica y del fortalecimiento logístico. Este tipo de análisis se concentran en la posibilidad de desarrollar un sistema militar omnipresente fuera del alcance de la política, gracias a la tecnología de la guerra de redes “net-war” y a la incorporación de los recursos civiles como mecanismos de recolección de información[19].

 

 

A modo de conclusión

Es dentro de este panorama que debe enmarcarse la detención arbitraria de Teófilo Acuña, con el agravante de que este líder minero además  de ser el presidente de Fedeagrobismol, de haber denunciado el sometimiento de lo público al interés privado que significa el Código de minas vigente; es además, el testigo principal en el proceso que se abrió contra la 9ª Brigada del Ejército por su responsabilidad en el asesinato de Alejandro Chacón. Vale la pena remarcar que el caso de Teófilo Acuña y la persecución hacia Fedeagrobismol no son casos aislados. En el 99% de los municipios, donde KEDAHDA S.A pretende adelantar explotaciones, sus habitantes han sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación de sus bienes. En el 72% de esos municipios, quienes allí vivían, han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares[20]. 

 

Este conflicto además de sembrar un manto de duda sobre la noción de “progreso” manejada por el Estado y las grandes agencias del desarrollo, pone en evidencia hasta qué punto la Política de Seguridad Democrática lejos de ser solamente una táctica de guerra contrainsurgente, debe ser pensada como una estrategia integral que busca consolidar un modelo productivo para el país; el cual en concordancia con el modelo del liberalismo radical busca facilitar la apropiación y concentración de los recursos de la nación en manos privadas y en beneficio de los grandes capitales internacionales.

 

 


[1] Doctorante de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine - Paris III 

  Profesor Universidad Central de Colombia.

[2] Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el Gobierno de Uribe Vélez trazo las líneas básicas de la Seguridad Nacional Esta es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder; la cual contempla en su diseño los siguientes aspectos: i) Unos principios; ii) Los intereses nacionales; iii) Las amenazas; iv) Los objetivos estratégicos; y v) Los instrumentos de acción. (Presidencia de la república y Ministerio de Defensa Nacional 2003:2-12). Este plan de seguridad concreta la esencia de sus propósitos a través de: tres billones de presupuesto adicional para la guerra con el impuesto del 1,2% sobre el patrimonio, la red de un millón de cooperantes encargada del espionaje a los ciudadanos, las Zonas de Rehabilitación, las cuatro nuevas brigadas móviles, los batallones de alta montaña, los soldados campesinos, los doce grupos de anti-terrorismo urbano y los sofisticados equipos militares como los localizadores y rastreadores satelitales. (Horacio Duque 2003, En http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/duque1.html).

[3] La estrategia militar establece tres niveles de enfrentamiento: ‘Simétricos’ cuando el combate es entre actores equivalentes en fuerza; ‘disimétricos’ cuando uno de los actores recurre a su superioridad cuantitativa y cualitativa; y ‘asimétricos’ cuando los actores buscan explotar las debilidades y vulnerabilidades del adversario, evitando a toda costa sus fortalezas. La ‘asimetría’ como referente, es un modo de evaluación de los niveles de fuerza social. En el actual contexto de la globalización, la ‘asimetría’ se hace manifiesta cuando los ‘dominados’ cuestionan las causas estructurales de la dominación, rebelándose, causando disturbios, insurrecciones o revoluciones. (Bedar Saïda, 2001. Vers une ‘grande transformation stratégique américaine ? Cahiers d’Etudes Stratégiques N° 31. EHESS, Paris.).

[4] Mesa Regional, Plan integral, (1998:1).

[6] En este caso la Corona Goldfields S.A subsidiaria de Conquistador Mines Ltda.

[7] Ó Loingsigh (2002:67, La Estrategia Integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia).

[8] En el Sur de Bolívar durante el periodo comprendido entre 1988 y 2006, según los casos conocidos y denunciados,  330 personas han sido objeto de ejecución extrajudicial, mientras que 88 más han sido objeto de torturas y 80 han sido detenidas desaparecidas. (Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión sobre empresas transnacionales 2006:6).

[9] La ley de minas en su texto impide que sean solicitadas más de 10.000 hectáreas por una sola empresa, persona natural o jurídica, pero la ley tiene un “mico” (vacío jurídico de libre interpretación) que permite hacer multitud de solicitudes al mismo tiempo, lo que le abre la posibilidad a las multinacionales de quedarse con una extensión ilimitada para la prospección y explotación del recurso. (En Prensa Rural 5 de Agosto del 2005).

[10] Encuentro Regional Minero, Buenos Aires -Cauca (2007:3).

[11] Corporación Sembrar (2007:2).

[12] Agencia Prensa Rural Miércoles 25 de Octubre del 2006.

[13] Sentencia Tribunal Internacional de Opinión, Caso Sur de Bolivar: Paris 2003. http://tribunal.free.fr/tio.htm#resultado

[14] Asamblea Fedeagrobismol – Mina Mocha Mayo del 2007.

[15] Presidencia de la república y Ministerio de Defensa Nacional 2003:42 - 43.

[16] Ibid:45.

[17] La implementación de la “guerra total” puede verse como una iniciativa sostenida a lo largo del Plan Colombia iniciado por Andrés Pastrana y la primera parte de aplicación de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. Ver: Sweig, Julia E. ¿Qué tipo de guerra necesita Colombia? En Foreing Affairs, Otoño - Invierno, 2002. 

[18] A diferencia de los análisis Clautsewitzianos que colocan el acento en la guerra y el combate, los análisis propuestos por Jomini Antoine se concentran en la preparación de las condiciones logísticas defensivas y la fortificación interior  frente a las amenazas posibles. (Jox Alain,1998). 

[19] Makki S. (2004). Militarisation de l’Humanitaire, privatisation du militaire. Cahier d’etudes Stratégiques N° 36-37. EHESS, Paris.

[20] Encuentro Regional Minero (Op. Cit.).