Bogotá 21, 22 y 23 de Noviembre de 2007
El clamor de los
millones de desplazadas y desplazados forzados de Colombia llegó a
El Tribunal
Internacional compuesto por 8 miembros recogió los datos existentes sobre el
desplazamiento y sus causas, tanto de parte de las instancias oficiales del
Gobierno de Colombia y de las Naciones Unidas (ACNUR), como de organismos no
gubernamentales. Cinco audiencias regionales tomaron lugar en Valle del Cauca, Chocó,
Zona centro, Arauca y Costa atlántica, donde varios centenares de testimonios
fueron recogidos. Finalmente un jurado internacional sesionó en el Congreso de
socio-jurídicos que fueron añadidos a la documentación ya recogida. Las
Autoridades colombianas previamente convocadas para presentar sus puntos
de vista no se presentaron. Además, los dirigentes de
este tribunal.
El desplazamiento de
poblaciones en Colombia
El carácter masivo del
desplazamiento forzado en Colombia revela el carácter estructural de la crisis
humanitaria que afecta dentro del país a más de 4 millones de personas hasta el
2007, una cifra mucho más alta que las estadísticas oficiales, porque estas
últimas conciernen solamente los
desplazados registrados, además de los millares de refugiados en el
exterior. La actual holeada de desplazamientos forzados data de principios de
la década de los 80´s. Sin embargo, ella tiene raíces más antiguas. Así, ya en
la mitad de los años 40, la represión por paramilitares hacia el Movimiento
Gaitanista provocó una migración interna, fruto de una violencia política que
Jorge Eliécer Gaitán calificó de práctica de Estado contra el pueblo. Un
genocidio similar se produjo en los años 60´s con el frente unido liderado por
Camilo Torres.
Desde medianos de los
80´s, los narcotraficantes colombianos decidieron traer sus divisas (dólares)
al país y de lavarlas mediante la compra de grandes extensiones de las mejores
tierras. En general, bienes baldíos de cuyas mejoras o posesiones se apropiaron
de manera ilegítima e ilícita mediante diferentes modalidades de despojo,
siempre acudiendo a la intimidación o a la eliminación. Los carteles del
narcotráfico junto a sectores de la oligarquía del país, de la clase política y
las fuerzas militares, crearon una nueva versión del paramilitarismo, estas
últimas le ofrecieron apoyo y entrenamiento afirmando que era necesario luchar
contra la insurgencia.
De esa manera se fraguó
una alianza mediante la cual, el paramilitarismo eliminaba los miembros de los
partidos izquierdistas de oposición (Unión Patriótica) y los movimientos
cívicos que clamaban por mejores condiciones de vida, a cambio de que el
establecimiento les permitiera continuar con su actividad ilícita, la cual a su
vez financiaba el poder político. La apropiación ilícita de estas tierras
promovió no solamente una fuerte concentración inequitativa de las tierras en
el país, sino una transformación en su uso. Grandes extensiones aptas para
agricultura y bosques, fueron dedicadas a la ganadería.
Esta oleada de
desplazamiento tuvo un nuevo incremento durante la primera mitad de la década
de los 90´s cuando entraron en auge las políticas neoliberales que facilitaban
el paso de la inversión transnacional. Grandes empresas multinacionales,
requirieron un camino libre para avanzar en la apropiación de uno de los principales factores productivos del país, la tierra,
sobre la cual se localizarían grandes megaproyectos de inversión (agrícola,
industrial, minero, portuario, turístico, vial, entre otros). Con el pretexto
de contrarrestar el avance insurgente de las guerrillas, pero con el fin de
controlar el poder político y económico en determinadas regiones del país,
viene el Plan Colombia desde el año 1997, estrategia militar financiada por el
Estado norteamericano. Con ello, se motiva un nuevo incremento en el
desplazamiento forzado a las cifras anuales más altas registradas. Bombardeos
indiscriminados, capturas masivas, criminalización de diferentes
manifestaciones sociales, fuerte presencia militar en regiones, entre otros,
explican este incremento.
A principios de la
presente década, las cifras oficiales de desplazamientos forzados disminuyen
aunque siguen siendo aterradoras. Las mismas razones anteriores explican los
desplazamientos sólo que ahora ya hay zonas despobladas disponibles e inmensas
extensiones de tierras desposeídas. Se
presentan también desplazamientos interurbanos e intraurbanos, así como nuevas
causas (fumigaciones indiscriminadas aun de regiones donde no hay coca,
detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de
organizaciones y de lideres sociales) que no son reconocidos por el gobierno, y toma auge una nueva modalidad de
guerra como el confinamiento de población. Actualmente, a pesar de lo que se
afirma en los medios de comunicación, las cifras de desplazamientos siguen
siendo por año muy altas, afectando diferentes regiones de acuerdo a la
movilidad que adopta el conflicto armado en Colombia.
El gobierno colombiano ha promovido una legislación que pretende legalizar los despojos de tierras de población desplazada, y dejar en la impunidad los crimines de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado (Estatuto de desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz, Ley de tierras, Ley de Minas, Ley de petróleo, etc.)
Las bases jurídicas del
veredicto
El problema de los
desplazados preocupa a las Naciones unidas desde más de un cuarto de siglo. Por
eso varias instancias han sido creadas e instrumentos jurídicos desarrollados.
La legislación internacional y nacional consideran al desplazamiento forzado
como un delito de Lesa Humanidad. Colombia ha ratificado la mayoría de los
convenios sobre los derechos humanos y sobre el Derecho Internacional
humanitario, obligándose el Estado y los llamados actores armados a respetar
esto principios.
Un esfuerzo a destacar
son los fallos de la Corte Constitucional que han obligado al Estado a
respetar los derechos de los desplazados y a aplicar las llamadas políticas
sobre desplazamiento forzado, cumplidos de manera parcial y de mala fé.
Hay que destacar que el Estado Colombiano viola los principios rectores
de las Naciones unidas sobre el desplazamiento en el interior del país,
especialmente los principio 1, 2, 3, 4, 6-C. 9, 10-1-2, 11, 13-1-2, 14, 16,
18-1-2, 21-1-2, 23, 25-1-3, 26, 27-1, 28-1 y 29, no solo de manera
directa, sino también resguardo con impunidad la conducta de los funcionarios
públicos responsables de este delito, como en el caso de la exterminación del
movimiento político Unión Patriótica, cuyos sobrevivientes se vieron obligados
a demandar ante
El Tribunal llama al Estado colombiano, a las multinacionales y a los gobiernos de países desarrollados y a sus agentes a cesar en estas prácticas, que violan gravemente los derechos humanos de la población y a respetar los principios de igual que las normas del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos humanos y Derecho de los refugiados. Este Tribunal pide también al gobierno de Colombia de generar un proceso de verdad que revele los autores intelectuales y materiales para que la justicia los juzgue y los castigue buscando la reparación a las victimas.
Los Testimonios y sus
contenidos
El tribunal recibió
testimonios directos que se añaden a los numerosos otros recibidos en las
audiencias regionales y a la amplia documentación reunida, que son una muestra
significativa de lo que sucede en todo el territorio colombiano. Los
testimonios vinieron de norte de Santander, Vichada, Casanare, Arauca, Meta, Antioquia, Choco, sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Sucre,
Bogotá, Cartagena, Boyacá, Valle, Eje cafetero, Guaviare, Putumayo. Dentro de
los casos 28 han tenido un origen económico y 10 socio político. Los responsables fueron el ejercito 21, la policía 3, el ejercito y
paramilitares juntos 8, y paramilitares 6.
Se verificó que en los
28 casos donde hubo motivación económica, se realizaron básicamente en zonas
donde se desarrollan proyectos de Minería y Energía como Choco donde hay
yacimientos de oro, cobre, molibdeno, uraninita, carbón, petróleo, gas, áreas
de producción de energía eléctrica, bosques y nacimientos de agua. También
existen proyectos ligados a la madera, la palma africana y de “ecoturismo”.
Similares motivos existen en Arauca donde las empresas Repsol, Occidental
Petroleum Company, son acusadas de violar gravemente los derechos humanos de
trabajadores, de indígenas y de la población en general. En Antioquia y Nariño
se desarrollan exploraciones y explotaciones de petróleo, gas y oro, por parte
de compañías canadienses y estadounidense, utilizando similares métodos. En el
Sur de Bolívar
En el Cauca, donde también hay yacimientos de minerales, petróleo y gas, la operación militar y paramilitar se ha dirigido a expropiar de sus tierras a indígenas y afrodescendientes, para entregársela a las compañías palmeras y madereras en connivencia con los terratenientes de la zona. Hay que destacar que el desplazamiento forzado ha tenido mayor incidencia en zonas pobladas por afrodescendientes como el Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, norte de Bolívar y Uraba Antioqueño. Otros departamentos como Putumayo, Vichada, Casanare, Sucre, Meta, Valle del Cauca, han sufrido desplazamientos forzados como medida que “garantiza” la presencia de empresas petroleras, gasíferas, mineras, madereras, de palma africana, etc. Finalmente se destaca que donde ocurrieron desplazamientos como forma de control social, eso ocurrió en departamentos donde las organizaciones sociales eran muy fuertes, como por ejemplo en Arauca. En este Tribunal no se presentaron casos de desplazamiento forzado causado por la guerrilla.
Los actores y las
razones
Muchos testigos
vincularon al Estado con el desplazamiento forzado, por acción y por omisión.
Grupos paramilitares que con complicidad de las fuerzas militares y de policía
ejercieron el terror hacia la población campesina en muchas regiones del país.
Grupos paramilitares como las AGUILAS NEGRAS, NUEVA GENERACION, BLOQUE CACIQUE NUTIBARA, BLOQUE0 CALIMA, siguen asesinando
y desplazando. El ejército nacional a través de sus respectivas brigadas actúa
de manera conjunta o simplemente no interviene aunque sepa de la presencia de
estos grupos en las regiones donde operan y desplazan la población.
Una parte de la clase
política y de los terrateniente de muchas regiones del país, han sido señalados
como miembros o aliados de grupos paramilitares, que utilizan el terror para
saquear y apropiarse de las tierras de los pequeños campesinos y mantener el
control político en las administraciones municipales, el congreso, el senado y el gobierno nacional, como estrategia de
control social, sin tolerar de ningún modo una oposición política, ni el
ejercicio democrático de los derechos civiles.
El poder judiciario de
Colombia actúa muchas veces de manera parcial y venal hacia la población
desplazada, al no reconocer su derecho a la propiedad y registra sus tierras a
paramilitares, terratenientes y políticos que les desplazaron.
Las
multinacionales como son Harken Energy, GreyStar resources, Cemex, Holcim, BHP
Billiton, Angloamerican, Xtrata, Drummond, Chiquita brands, Oxy, Repsol, B.P.,
Union Fenosa, Codensa, Urapalma, Glencore, Anglogold Ashanty, Petrocanada,
Consorcio Colombiano del Cerrejon, Kedada, son cómplices del desplazamiento al
financiar y prestar sus instalaciones a los grupos paramilitares que amenazaron
y masacraron a miles de sindicalistas, y a las comunidades afrocedendientes,
indígenas y campesinas.
Se ha demostrado también
la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en el desplazamiento
forzado en Colombia por el apoyo militar a través del plan Colombia y del plan
patriota, la ayuda militar, el envió de mercenarios, y fumigaciones extensivas
e indiscriminadas.
Estas acciones se han
realizado a través de masacres, asesinatos selectivos, amenazas, quema de
casas, falsos operativos, detenciones masivas, violencia contra las mujeres,
reclutamiento forzado, desapariciones, terrorismo de estado y terrorismo
sicológico hacia las victimas.
Los desplazamientos urbanos son también el resultado de la acción de los bancos que con tasas de interés inaguantables provoca la disolubilidad de las familias y recurre a la fuerza policial para expulsarlos de sus casas.
Las causas estructurales
del desplazamiento
Los primeros
desplazamientos forzados fueron aquellos impuestos por los conquistadores
españoles que despojaron a los indígenas de las tierras planas, donde luego
colocaron a los ganados, haciéndoles mover hacia las laderas donde muchos de
ellos o sus descendientes todavía cultivan
intensamente la tierra. Los nuevos dueños procedieron después a reunir a la
fuerza pueblos pequeños en más grandes con el fin de vaciar la tierra y crear
haciendas. El resultado fue un genocidio, con millones de muertos indígenas y
esclavos importados del África tanto en las plantaciones como en las minas. En
esta primera fase del capitalismo, la región fue implicada en el famoso
comercio triangular (Europa, África, América) y contribuyo a la acumulación del
capital monetario en Europa. Se creo al interior una riqueza básica codiciada
por las clases pudientes, sin reatos de consciencia, ni religiosa, ni cívica,
sino principalmente con afán de lucro y poder económico, una constante
histórica en Colombia.
En el periodo actual, la
entrada del capital exterior y la dominación de las empresas transnacionales
corresponden a la apertura de los mercados mundiales fruto del modelo
neoliberal de desarrollo. La sobreexplotación de las materias primas
(petróleo, oro, y otros metales), la extensión de los monocultivos para la
exportación de productos agropecuarios y últimamente para la producción de agro
combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos
y de las comunidades indígenas y afro descendientes. Obedecen a las exigencias
de la globalización del capital y acentúan el carácter dependiente de las
clases dominantes colombianas frente hacia el capital principalmente
norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade un desastre
ecológico.
La continuidad de este
modelo económico lleva el Gobierno actual a implementar la última fase de
expropiación territorial y de reordenamiento poblacional que esta a la base de
la verdadera contrarreforma agraria que hoy se cumple en el mundo entero.
Los retornos no modifican el proceso y se implementan en aquellas zonas
en donde el control paramilitar ya está consolidado, bajo el orden establecido
por las empresas transnacionales y con la ayuda de una parte de la cooperación
internacional. En el mejor de los casos, la respuesta estatal es de corte
asistencial. En cuanto a los desplazamientos urbanos, los actores principales
son los bancos, obedeciendo a la lógica del capital financiero.
Además, el lugar geoestratégico de Colombia en un continente donde se abren nuevos espacios alternativos económicos y políticos y nuevos proyectos de integración, explica la brutal intervención del imperialismo deseando conservar su hegemonía y como la implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota, acentúa la violencia y los desplazamientos. Se entiende así que las soluciones al problema exigen no solamente cambios internos combatiendo proyectos de muerte, sino una otra orientación de la economía mundial.
Para dar una solución a
este drama humano del desplazamiento, se necesitan
(1) una política de retorno basada sobe principios de
justicia, es decir la devolución de las tierras a los campesinos y a las
comunidades, aplicando
(2) una compensación financiera por los daños
materiales ocurridos,
(3) un reconocimiento de los crímenes cometidos bajo la mirada de la justicia, la verdad, la reparación integral y la garantía de no repetición, poniendo fin a la impunidad y (4) la constitución de una Comisión de reconciliación.
Acusación :
Oídos los testimonios,
verificadas las pruebas aportadas por las víctimas, sopesadas y contrastadas
con los expertos, condenamos por acción directa y por conductas omisivas,
respecto del desplazamiento forzado de casi cuatro millones de colombianos y
colombianas a:
1. El
Estado y el gobierno colombiano y sus agentes a saber: funcionarios públicos
administrativos, miembros de las fuerzas armadas y de policía, jueces y
funcionarios judiciales parciales, miembros de los servicios de inteligencia
del Estado, militares y paramilitares, funcionarios de la procuraduría,
defensoría y personeros, por conductas omisivas o cómplices del Delito de
Desplazamiento forzado.
2. A las
compañías multinacionales arriba mencionadas que, como operadores de la
imposición de un modelo económico que garantiza el saqueo de recursos naturales
de propiedad de la nación, utilizan a militares y paramilitares, mercenarios,
miembros de la policía y de los servicios de inteligencia del Estado, como
agentes del desplazamiento forzado. Garantizan con este Delito de Lesa Humanidad
el copamiento de las zonas donde se generan megaproyectos para el exclusivo
beneficio de estas compañías. Denunciamos también en tanto que cómplices de los
varios tipos de desplazamiento a miembros del establecimiento colombiano como
ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, las instituciones
financieras y los bancos.
3. A los
gobiernos de países como Estado Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, España,
Israel, Sudafrica y
Finalmente el Tribunal responsabiliza a las autoridades colombianas por la seguridad de todos los que han participado como organizadores o testigos en esta sesión sobre los desplazados.
Bogotá 23 de Noviembre de 2007.
Francois Houtart (Bélgica),
presidente
Orlando Fals Borda
(Colombia), vicepresidente
Patricia Dahl (Estados
Unidos)
Don Tomas Balduino
(Brasil)
Louis Nicodeme (Bélgica)
Joao Lucio Da Costa (Brasil)
Dieter
Misgeld (Canadá)
Francisco Ramírez
(Colombia), fiscal